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"Para no interferir en las elecciones". Esto es lo que arguyen los delincuentes togados, esa casta de estómagos agradecidos que no se mueven sin la aprobación de los políticos, olvidando que su deber es impartir justicia sea a quien sea.
Sólo lo hacen -y no siendo justos precisamente-, con los pobres, desfavorecidos y débiles. Firman cientos de deshaucios a humildes familias que dejan en la calle, provocando el suicidio de muchos en su desesperación.
¿Recuerdan a Vera? Sí, ese que estuvo en la cárcel, uno de los chivos expiatorios de Mister X, o sea, Felipe González. Cuando salió de la trena le devolvieron una casa embargada "para poder vivir", cuando tenía otras propiedades libres del embargo. ¿Y a las familias, con niños, por qué las echan a la calle sin contemplaciones?
Los jueces barceloneses ralentizarán los procedimientos que hay en curso
y que afectan a políticos para no interferir en la campaña electoral de
las autonómicas catalanas que se celebran el próximo 25 de noviembre,
según pudo saber El Confidencial de fuentes judiciales. Quien más beneficiado sale de esta discreción de la justicia es el candidato de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, ya que tres de los principales casos que se están investigando afectan a miembros de su partido.
¿"Discreción?" Yo lo llamaría de otra manera y aunque desconozco la jerga jurídica, tal vez sea prevaricación o algo semejante; nada bueno, por supuesto.
Dejar de aplicar la ley porque los imputados tienen relación con un partido político en elecciones es bastante signifícativo para retratar a los togados.
El caso estrella es el del Palau de la Música, del que no se esperan
novedades en breve. Tras la petición del juez el pasado mes de julio de
una fianza de 3,3 millones de euros a Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) para responder del desvío de dinero de la institución
musical hacia la Fundación CatDem (lo que equivale a decir hacia el
propio partido), la investigación sigue su curso. El mes de septiembre,
el juez también imputó al actual director de Comunicación del
Ayuntamiento de Barcelona, exalto cargo de la Generalitat y uno de los
hombres del círculo de confianza de Artur Mas, Marc Puig, que ya
declaró en el juzgado. Puig, según parece, había realizado trabajos de
comunicación para el Palau debido a su especialidad profesional.
Palau es el caso estrella, sí, por la cantidad de dinero robada y por la evidencia de a dónde fue a parar. Parece mentira que cueste tanto hacer un veredícto si todas las cartas están sobre la mesa.
El caso Palau preocupa, y mucho, a CDC, ya que también está en el punto de mira el extesorero del partido, Daniel Osàcar, una de las personas que presuntamente recibía dinero bajo mano del saqueador confeso Fèlix Millet.
Pero ahora le ha salido otra china en el zapato: el caso ITV. En el
nuevo escándalo, sale salpicado el propio secretario general de
Convergència y tercero de la lista de Mas, Oriol Pujol, a quien
se relaciona con la trama para amañar los concursos de concesión de
estaciones de ITV y de configuración de una red de empresas que
presuntamente se iban a beneficiar de concesiones oficiales en el campo
de la inspección técnica. El escándalo estalló el pasado mes de marzo,
cuando fueron detenidos los empresarios Sergi Alsina, Sergi Pastor y Eduard Puignou, además del subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y del responsable de la Sectorial de Empresa e Industria de Convergència, Josep Tous, que había sido destinado por el partido para revisar el régimen de adjudicaciones de estaciones.
Oriol Pujol, tercero en la lista de Mas y tan corrupto como todos. Los cuervos lo tratan con guante de seda, dejándole tranquilo para presentarse a las elecciones. ¿Lo condenarán pasadas estas ante las pruebas que tienen? En absoluto. La corrupción está generalizada incluso en la justicia, entre todo aquel que tenga poder, sea en el grado que sea.
Alsina había sido compañero de clase de Oriol Pujol, lo mismo que
Josep Tous. En el sumario, constan interceptaciones de conversaciones
telefónicas donde los principales implicados pactan entre ellos la
estrategia que seguirán sobre cómo beneficiar a determinadas empresas y
de cómo sacar beneficios en el futuro incluso modificando leyes a su
conveniencia. A mediados del mes de julio pasado, la juez que investiga
el caso, Silvia López Mejías, pidió un informe sobre Pujol para determinar si le imputa en el sumario, que ocupa ya más de 16.000 folios.
Según ha podido saber este diario, el informe está prácticamente concluido,
pero no se le dará curso hasta después de las elecciones, ya que de lo
contrario podría malinterpretarse cualquier decisión que tomase el
magistrado.
"(...) ya que de lo
contrario podría malinterpretarse cualquier decisión que tomase el
magistrado." ¿Y no se les ocurre la interpretación real que tenemos ante semejante chanchullo? Sí, chanchullo, porque la Justicia no debe doblar las rodillas ante nadie, sean cuáles sean las circuntancias. Lamentablemente, esto sólo lo aplican con el pueblo llano, nunca con delincuentes como ellos.
Pero hay más, más.
Otro de los casos investigados afecta a Ramon Bagó, exdirector
general de Turismo de la Generalitat, gran amigo de Jordi Pujol y
propietario del grupo Serhs. Como presidente del Consorcio de Salud y
Social de Cataluña (CSSC), Bagó se autoadjudicó durante dos décadas importantes contratos de servicios.
La Oficina Anticorrupción de Cataluña (OAC) realizó un informe sobre su
persona, pero este verano la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP),
organización independentista, presentó una querella contra él, ya que
advirtió graves irregularidades en unas concesiones realizadas en
Barcelona el año pasado.
Todo lo que atañe a los independentistas es corrupción pura y dura, sin medias tintas. Ladrones a cuatro manos que esperan robar más si consiguen quedarse solos, sin la supervisión de España.
¿Esto es lo que quieren los independentista de la calle? A esto se le llama ser barruts i pagar el beure (cornudos y apaleados)
