Patxi López no se ha olvidado de una de sus propuestas estrella tras el anuncio del fin de la violencia de ETA: la creación de una oficina que reinserte a los presos sin delitos de sangre en la sociedad civil. El lehendakari ha ordenado a Rodolfo Ares que intente convencer al ministro del Interior sobre la conveniencia de esta medida.
Esto es un eufemismo, o peor aún, una tomadura de pelo.
Recordemos el caso de Laura Riera, a quien denominé la etarra catalana. Nunca colocó explosivos, nunca accionó el detonador, nunca apretó el gatillo, pero sin su colaboración desde el ayuntamiento de Terrassa no habrían muerto aquellas personas cuya información proporcionó a la banda.
Y como ella, todos los demás que han ocultado y ayudado a etarras de un modo u otro. Afirmar que no tienen las manos manchadas de sangre es sencillamente miserable, una falacia más de esta gente que, a todas luces, debe favores a los asesinos.
Entre las medidas que Ares expondrá a Jorge Fernández destaca, por encima de todas, el impulso de una oficina a disposición de todos los presos, con penas de tercer grado y sin delitos de sangre, que quieran reinsentarse en la sociedad.
Entre esas otras medidas no estará, “bajo ningún concepto”, la amnistía colectiva. Voces autorizadas del Gobierno Vasco señalan que “en ese aspecto pensamos igual que el Ejecutivo central. Nosotros defendemos analizar caso por caso la situación de los presos y aplicar con mayor flexibilidad la política penitenciaria a aquellos que quieran romper con ETA”.
Para reinsertarse en la sociedad, primero hay que cumplir las condenas a las que se hicieron acreedores con sus actos, no lo olvidemos nunca.
Estamos más que hartos de que se concedan indultos a peces gordos (banqueros y empresarios) y ahora se pretenda lo mismo con cómplices de asesinato.
La ley debe ser igual para todos y por desgracia los políticos no lo captan.
